Una jueza de EE UU anula la designación de Anthropic como «riesgo» para la seguridad nacional

Una jueza federal de Estados Unidos ha prohibido a la Administración Trump calificar a Anthropic, la empresa creadora de los modelos de inteligencia artificial Claude, como una amenaza para la seguridad nacional. La resolución, dictada este jueves por la jueza del distrito norte de California Rita Lin, concluye que esa calificación fue una represalia inconstitucional contra la compañía.

El fallo, de 59 páginas, anula la decisión que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, tomó el pasado 27 de febrero: clasificar a Anthropic como «riesgo para la cadena de suministro» e inhabilitarla para optar a contratos con el Gobierno federal. Lin también deja sin efecto una segunda medida que impedía a los contratistas y proveedores del Ejército estadounidense hacer negocios con la empresa.

La jueza calificó la actuación del Pentágono de «arbitraria, caprichosa, un abuso de discrecionalidad y, por lo demás, contraria a la ley». Según su sentencia, hasta nueve organismos —entre ellos el propio Pentágono, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado y el de Seguridad Nacional— habían impuesto sanciones indebidas a Anthropic, y todas quedan anuladas.

Lin precisó, no obstante, que el Pentágono sigue sin estar obligado a usar los modelos de la compañía: el fallo no le impide recurrir a otros proveedores de inteligencia artificial. Se espera que el departamento recurra la sentencia en apelación.

La portavoz de Anthropic, Danielle Cohen, respondió en un comunicado: «Acogemos con satisfacción la sentencia del tribunal que declara ilegal esta designación de riesgo para la cadena de suministro. Seguimos centrados en colaborar de forma productiva con el Gobierno para aprovechar la IA en beneficio de nuestra seguridad nacional».

El litigio arrancó por un contrato de 200 millones de dólares para llevar los modelos Claude a aplicaciones militares. Las negociaciones se torcieron después de conocerse que Estados Unidos había recurrido a Claude en la operación para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro: un empleado de Palantir trasladó entonces a funcionarios del Gobierno las dudas que ese uso había generado dentro de la propia Anthropic.

Durante las negociaciones, Anthropic pidió fijar límites al empleo de sus modelos —entre ellos, que no sirvieran para armas autónomas letales ni para sistemas de vigilancia masiva—. Hegseth rechazó cualquier restricción, argumentando que un proveedor no puede condicionar cómo se usa su tecnología una vez entregada, y reclamó que el contrato cubriera «todo uso lícito». Cuando las conversaciones fracasaron en febrero, la designación de Anthropic como riesgo para la seguridad se interpretó de forma generalizada como una represalia por esa negativa.

La empresa respondió con dos demandas: una ante el tribunal federal de distrito de California —la que ahora ha fallado la jueza Lin— y otra ante el Tribunal de Apelación de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, donde acusa al Pentágono de haber vulnerado sus derechos amparados por la Primera y la Quinta Enmienda por motivos ideológicos. Este segundo proceso sigue abierto.

Pese a la etiqueta ya anulada, los modelos de Anthropic —considerados entre los más avanzados del mundo— siguen sujetos al marco de supervisión de IA de la Administración por sus capacidades. La propia jueza usó ese dato para desmontar el argumento del Gobierno: «Incluso ahora, el Gobierno está debatiendo la colaboración con Anthropic en su nuevo modelo, Mythos, en una serie de contextos sensibles. Nada de eso concuerda con un temor genuino a que Anthropic sea un saboteador que viciara su software para perjudicar la seguridad nacional».